El Congreso de los Diputados retiró ayer su propuesta para que cometer delitos relacionados con la violencia de género bajo los efectos del alcohol o las drogas sea considerado una agravante, pero solicitó que al menos esta circunstancia deje de ser atenuante o eximente en estos casos.
La Subcomisión del Congreso sobre violencia machista aprobó la semana pasada un borrador en el que pedía agravar las penas para los maltratadores que agredieran a sus parejas o ex parejas estando bebidos o drogados, pero el PP y CiU pidieron ayer que se retirara esta solicitud y se incluyera que estas circunstancias no reduzcan o anulen la pena del agresor pero tampoco la aumenten.
La propuesta de 'populares' y nacionalistas catalanes fue recogida en el informe final de la Subcomisión, que ha sido aprobado finalmente en la Comisión de Igualdad con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El informe recoge cerca de 50 recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia de género y será enviado al Gobierno para que aplique las que considere oportunas.
La portavoz socialista, Francisca Medina, indicó que su grupo «es consciente de que el endurecimiento de las penas no es la solución» a la violencia de género, pero «estar borracho no puede justificar que se pegue o se mate a una mujer». «No es la solución, pero tampoco vamos a disculpar la agresión por estar bebido o drogado», sentenció.
Por su parte, la portavoz del PP, Susana Camarero, indicó que estas circunstancias tienen que dejar de ser consideradas atenuantes o eximentes, «tal como recogía el programa electoral del PP», pero sin que eso signifique incrementar las penas. Esta postura fue compartida por el resto de los grupos.
Así, Mercè Pigem (CiU) apuntó que la respuesta a esta violencia «no puede ser sólo punitiva» y abogó por incidir en la «educación y prevención para conseguir en el futuro una sociedad igualitaria».
Por otro lado, el texto reclama que los hombres que tengan una sentencia firme por delitos relacionados con la violencia de género pierdan la custodia de sus hijos y que el juez en función del bien superior del menor, decida si además, le prohíbe visitarlos.
Esta recomendación también fue modificada a última hora, a propuesta de CiU y con el respaldo de todos los grupos, ya que en el borrador del informe se pedía que la condena firme implicara automáticamente la pérdida del régimen de visitas del agresor.
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