Nacida en Buenos Aires en 1925, se casó a finales de la década de 1960 con Roberto Noble, fundador, veinte años antes, del diario Clarín.
Herrera se puso al frente del rotativo el 21 de enero de 1969, apenas nueve días después de la muerte de su esposo.
Clarín, en su edición digital, remarcó este miércoles que bajo su dirección, el diario se convirtió en uno de los más importantes de habla hispana.
«Concretó una notable obra, además, en educación, cultura y desarrollo nacional», añadió la publicación sobre su directora, que presidió además la Fundación Noble.
Actualmente, el grupo mediático es uno de los principales del sector en América Latina, con participación en radio, televisión abierta y por cable, industria gráfica, internet y en el amplio mundo de las telecomunicaciones.
Con gran poder de influencia a lo largo de toda su trayectoria, en los últimos años, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), Herrera de Noble quedó envuelta en diversas polémicas.
Madre adoptiva de Marcela y Felipe Noble Herrera, fue acusada y detenida en 2002 por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo de que los hijos eran en realidad hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).
Tras un largo proceso, la Justicia determinó que los ADN de los chicos no coincidían con ninguna muestra del Banco Nacional de Datos Genéticos, y en enero de 2016 fue sobreseída la denuncia.
Por otro lado, en diciembre de 2016 un juez dispuso el sobreseimiento de los directivos de los diarios Clarín y La Nación, incluida Herrera de Noble, entre otras personas, por la presunta apropiación ilícita durante la dictadura de Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos del país.
La Justicia investigaba si la familia Graiver fue obligada a vender en 1976, bajo amenaza, la empresa fabricante de papel de diarios fundada cuatro años antes a Clarín, La Nación y La Razón -únicos accionistas hasta 2000 de Papel Prensa-.
Otro de los casos más sonados concluyó en 2013, cuando la Corte Suprema zanjó una batalla legal de cuatro años entre el Gobierno de Fernández y Clarín, al declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.
La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión en abierto y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.
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