Ecologistas exigen un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano

Según estas organizaciones, las emisiones de este gas, «un importante precursor del ozono troposférico» y «un contaminante nocivo para la salud humana y el medio ambiente», se han incrementado un 265 % desde la era preindustrial y, teniendo en cuenta que «es 80 veces más potente que el CO₂ a 20 años», contribuye «al 45 % del calentamiento neto actual». Sus datos indican que las fuentes de emisiones son la ganadería y agricultura industriales (un 40 %), los combustibles fósiles (35 %), la gestión de residuos (30 %) y el sector energético (5 %).

En el caso de España, afirman que «debe reducir al menos un 30 % sus emisiones para 2030», si bien el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no plantea en principio ningún objetivo de reducción ni por tanto contempla medidas concretas para llevarlo a cabo. El sector agropecuario, aseguran estas organizaciones, «es la responsable del 99 % de emisiones netas de metano del sector y del 76 % del total de emisiones netas de GEI (Gases de Efecto Invernadero)» y, en concreto, la ganadería industrial, «modelo predominante a nivel estatal» genera un 62 % del total emitido.

Por ello, proponen entre otras medidas una moratoria para las nuevas granjas industriales, la reducción de la cabaña ganadera intensiva en un 50 % para 2030 y el fomento de una dieta basada en productos vegetales: cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y legumbres, con pequeñas proporciones de carne y lácteos procedentes de la ganadería extensiva. Incluso fijan lo que debería ser el máximo consumido por los ciudadanos en 2050: 300 gramos de carne y 1.750 gramos de productos lácteos por semana.

Residuos y energía

Su propuesta incluye también medidas para el sector de gestión de residuos, que afirman es responsable del 32 % de las emisiones de metano en España, debido a un «crecimiento alarmante de residuos orgánicos no tratados» y de «fugas detectadas en las cercanías de grandes núcleos de población como Madrid».

Esas medidas incluyen, entre otras, la prohibición progresiva del envío de residuos orgánicos a vertederos, la inversión en sistemas de captura de gas para autogestión energética y la ampliación del compostaje. En cuanto al sector energético, las importaciones de gas y petróleo «exigen la aplicación rápida y efectiva del nuevo Reglamento Europeo de Metano» por lo que creen necesario garantizar la transparencia en emisiones de importaciones, prohibir contratos con empresas a las que se hayan detectado fugas «superemisoras» y establecer una tasa nacional al metano.