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Algo más de medio millar de profesionales sanitarios de Baleares, tanto de la red pública como de la privada, han rechazado la vacunación contra la COVID-19 y alrededor de un centenar no ha completado las dosis prescritas. En términos relativos se trata de alrededor del 6 por ciento del colectivo, un índice similar al del resto del Estado. La actitud de estos médicos y enfermeras dice muy poco en favor del esfuerzo científico que ha permitido hallar una vacuna que palíe la tragedia de la pandemia, cuyas víctimas mortales se cuentan por decenas de miles sólo en nuestro país. La COVID-19 mata, un tributo que han pagado muchos de estos profesionales cuando tuvieron que trabajar sin las más elementales herramientas de protección.

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Un negacionismo inexplicable

La formación científica de los sanitarios se contradice con este más que nutrido grupo que no quiere vacunarse o completar las dosis establecidas, más cuando ellos son testigos en primera línea de las consecuencias que tienen los contagios. Las vacunas han salvado muchas vidas y son determinantes para evitar el colapso del sistema sanitario, tanto público como privado. A medida que ha ido avanzando la campaña de vacunación han bajado las cifras de muertes e infectados. Las estadísticas en este sentido son irrefutables.

Decisión personal

La Administración y las empresas del sector se ven obligadas a respetar la decisión de estos profesionales, circunstancia que en Francia hubiera supuesto su pérdida del puesto de trabajo. En las actuales circunstancias cabe preguntarse hasta qué punto debe aceptarse el posicionamiento personal de estos médicos y enfermeras, susceptibles de contagiarse y de contagiar a otros compañeros o pacientes. Pretender buscar la seguridad total en una emergencia sanitaria como la de la pandemia no es una justificación suficiente para admitir el peligro que representan.