El Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de octubre alcanzó en Balears el 5,6 por ciento, un registro cuyo precedente más próximo hay que buscarlo en 1992. El dato da cuenta de la espiral inflacionista en la que se encuentra inmersa la economía española. Su punto de partida se sitúa en los precios de los carburantes y ya afecta a toda la cadena de productos y servicios. El consumidor final, el ciudadano, es el que acaba sufriendo las consecuencias de una dinámica en la que resulta obvio comprobar que las medidas para contrarrestarla –la rebaja fiscal dictada por el Gobierno en el recibo de la luz sería una de ellas– no están dando los resultados previstos.
Impacto en la economía familiar
La cascada inflacionista ha impactado de manera directa en la cesta de la compra. La alimentación no logra esquivar la cotización al alza de todos los productos, incluso de los de primera necesidad. Con unos salarios congelados en la práctica desde hace años y unas economías familiares muy castigadas por los efectos laborales de la pandemia, la coyuntura actual golpea con extrema dureza las familias de amplias capas de la sociedad. Lo que está ocurriendo prolonga, todavía más, la precariedad social de miles de ciudadanos. Las proyecciones optimistas que se realizaban meses atrás se están difuminando de manera muy acelerada.
Un futuro incierto
El alza de precios actual no tiene visos de ser una cuestión a plazo fijo. Los expertos difieren a la hora de plantear un horizonte temporal de estabilización. Todo indica que quedan por delante meses –se habla incluso de mediados del próximo año– en los que continuará este período inflacionista que puede trastocar de manera muy seria o comprometer los planes de expansión que se habían diseñado. Más allá de la frialdad estadística, no puede olvidarse que la inflación nos empobrece.
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