Editorial26/09/22 3:59
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En mayo pasado, al entregar la memoria del año judicial al Parlament, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Balears, Carlos Gómez, manifestó que «hemos aumentado nuestra productividad en todos los órdenes judiciales excepto en Contencioso Administrativo». Gómez destacó que, a pesar de las enormes carencias que dificultan y demoran el trabajo de la Administración de Justicia en el Archipiélago, el 2021 se consiguió la disminución de un doce por ciento en los asuntos pendientes en los órganos judiciales de las Islas. La jurisdicción Contencioso-Administrativo constituye la gran asignatura pendiente, el agujero negro de la Justicia en Balears, con un atasco crónico y demoras cada vez mayores. Los juzgados de lo Contencioso de Palma ya están señalando juicios para mayo de 2025, cuando en mayo de 2021 se fijaban para noviembre de 2023. El retraso se ha ido incrementando.

Elevada tasa de litigios   
Advierte Carlos Gómez que Balears necesita 21 jueces más para atender y resolver con eficacia los casos que se denuncian. Los juzgados con mayor carga de trabajo y peor situación son los de violencia contra la mujer, mercantil, social y, sobre todo, contencioso administrativo. Las Islas presentan una tasa de litigios muy alta, de 134,16 por cada mil habitantes, mientras que la media de España es de 128,23. Pero esta cifra no es real, porque sólo se valora la población censada, sin tener en cuenta los millones de turistas que llegan cada año a Balears, que se ven inmersos en conflictos judiciales.

Estado de derecho y arbitrio de la Justicia
Los ciudadanos tienen derecho a una respuesta rápida en sus litigios contra la Administración, en caso contrario la Justicia no es justa. No es admisible que, en Balears, la resolución de los contenciosos se demore cinco años. Govern, ayuntamientos y consells han de estar sometidos, en un Estado de Derecho, al arbitrio de la Justicia y cumplir el principio de legalidad. En caso contrario gana la inseguridad jurídica.