El hallazgo de centenares de notificaciones arrojadas en un torrente antes de entregarse a los destinatarios es, en primer lugar, una clara vulneración de la Ley de Protección de Datos. Se trata de comunicaciones relacionadas con avisos, facturas y todo indica que también puede haber afectado a multas, en concreto del Ajuntament de Palma. La empresa encargada de prestar el servicio, una subcontrata, sometía a tal presión a sus trabajadores que éstos acababan por arrojar las cartas para justificar las entregas, cuando el problema real era la falta de personal y desorganización de la adjudicataria. La cuestión es muy grave y pone de manifiesto una falta de celo inadmisible, y más cuando está implicada una institución pública como es el caso de Cort.
Notificaciones oficiales descontroladas
15/10/22 3:59
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