Cuando la demanda de vivienda digna y a precio asequible se ha convertido en el primer problema social, agravado por la inflación y acentuado en las regiones turísticas como Balears, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos cierra un acuerdo con ERC y EH Bildu para aprobar la nueva Ley de Vivienda. Pero corresponderá a las autonomías limitar los alquileres y declarar las zonas tensionadas. El Consejo General del Poder Judicial elabora un dictamen contra esta nueva norma por invadir competencias autonómicas y «estatalizar el derecho a la propiedad privada». Al mismo tiempo, el presidente Pedro Sánchez anuncia en la Convención Municipal del PSOE, que el Consejo de Ministros aprobará mañana un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria -Sareb, conocida como el banco malo- destinadas a alquiler asequible. El objetivo de Sánchez, sin fijar plazos, consiste en que la vivienda pública llegue en España al 20 por cien, cuando hoy sólo es del 3 por cien, por debajo de la media de la UE que es del 9 por cien.
Medidas en tiempo electoral para el problema de la vivienda
Palma17/04/23 0:29
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