EditorialPalma03/07/23 0:29
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Este pasado sábado –coincidiendo con el proceso de transición del Govern encabezado por Francina Armengol al que presidirá Marga Prohens–, la Comunitat Autònoma asumió las competencias de Costas y Litoral, que incluyen las concesiones y la vigilancia de la zona de dominio público marítimo-terrestre. En noviembre pasado, la presidenta Armengol y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, firmaron el acuerdo para transferir a Balears estas materias con el objetivo de atender una reclamación histórica de Balears, una región insular que carecía de capacidad de gestión y decisión en el litoral, clave para el diseño de la ordenación territorial. Ya se habrán cumplido cuarenta años de la aprobación del Estatut d’Autonomia, que prevé esta competencia, pero no había sido traspasada. El acuerdo, que incluye la sede de la Demarcación de Costas en Palma y seis vehículos, prevé dotar a la Comunidad Autónoma con 1,3 millones de euros y una veintena de empleados públicos, lo que supone una ratio de 1,35 trabajadores por cada cien kilómetros de costa.

Sólo se transfiere una parte al Govern.

Pero, como advierte el PI, nos hallamos ante una transferencia incompleta porque el Govern gestionará las concesiones, impondrá sanciones y tramitará las autorizaciones, pero el Gobierno central se reserva el derecho para cobrar el canon por la ocupación de instalaciones en la zona litoral de Balears. Como denuncia esta formación política, «las Balears tendrán que hacer el trabajo y el Estado se llevará el dinero».

Un acuerdo que debe ser revisado.

El Estado, además del cobro de este canon, también mantiene la decisión final de las concesiones, así como la planificación de los proyectos y las obras de interés general. Este acuerdo para el traspaso de las competencias de Costas y Litoral a Balears debe ser revisado al incumplir el Estatut d’Autonomia. Es una cuestión de calado que deberá abordar sin demora el nuevo Govern de Marga Prohens.