EditorialPalma14/09/23 0:29
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El proyecto del Ajuntament de Palma de convertir la antigua cárcel, ubicada en la carretera de Sóller, en viviendas públicas podría ser una solución para un problema que se planteó en 1999, cuando cerró la penitenciaría y se abrió el otro centro, más moderno y que en la actualidad cuenta con más de mil internos. El anterior equipo de gobierno de Cort pretendía que aquellas instalaciones, hoy en día vandalizadas y okupadas, fueran una residencia para universitarios, pero el proyecto nunca se ha llegado a ejecutar a pesar de la insistencia de la UIB. En cualquier caso, la vieja prisión es de titularidad municipal desde 2013 y el Consistorio no puede permitir que continúe el imparable deterioro de un edificio que tuvo tanta importancia para la ciudad y que cuenta con una ubicación estratégica, muy cerca de la vía de cintura.

Un foco de conflictos.
Desde que cayó en desuso, la obsoleta penitenciaria ha ido degenerando y, con el paso de los años, se ha convertido en un foco de conflictos y que ha generando muchos problemas vecinales. En un primer momento, buscaron allí techo familias con escasos recursos económicos, que no causaron problemas, pero después se hicieron con el control del recinto ciertas mafias de okupas y de delincuentes, que incluso realquilaban los cuartos a precios abusivos. Durante este tiempo, se han declarado incendios, se han registrado peleas e intentos de homicidios. En su interior también se han producido agresiones sexuales a mujeres.

Una situación insostenible.
En esta tesitura, la propuesta que ha dado a conocer el responsable de Urbanisme de construir viviendas públicas –y a la espera de que se lleve a cabo definitivamente–, se antoja como una digna salida a una problemática que parecía no tener fin, y que se ha mantenido en el tiempo durante 24 años. Los vecinos son los primeros en celebrar una iniciativa que podría recuperar una parte importante de la barriada de Cas Capiscol, otra zona caída en el olvido.