EditorialPalma09/10/23 0:29
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El concejal de Mobilitat de Palma, Antoni Deudero, afirma, en referencia al transporte público gratuito, que «con la ampliación de la universalidad, al final el bus no es gratis; alguien lo paga». El próximo año, los autobuses volverán a ser de pago en Balears, porque la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el propio Deudero sostienen que la gratuidad universal, en vigor desde el 1 de enero de este año, dependía de una partida del Gobierno central que todavía no se ha abonado. En el último pleno del Parlament, Prohens anunció que solicitará a Madrid que prorrogue esta gratuidad para el 2024. Gracias a la exigencia planteada por Coalición Canaria, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta medida para el archipiélago atlántico y Balears, donde no existe red de trenes de Renfe. El Estado se comprometió a destinar 43 millones de euros en el caso de Balears. Pero al no haber pagado el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, quien asume este coste es el Govern.

Un servicio que se debe financiar
Que el usuario del transporte público no pague, no significa que salga gratis. Este servicio se tiene que financiar igualmente, este año gracias a los Presupuestos Generales del Estado. Pero al no haber abonado el Gobierno las cantidades correspondientes a 2023 y por la incertidumbre bajo la que se encuentran los Presupuestos del 2024, la actual gratuidad finaliza este próximo 31 de diciembre.

Valorar los costes y los resultados
Esta medida, que se aplica en otras autonomías y ciudades, no es nueva. España no la ha inventado. En el mundo hay más de 250 redes de transporte colectivo libres de pago. Es una cuestión de prioridades y de recursos. Por tanto, una decisión política. La gratuidad total está llamada a desaparecer a partir del 1 de enero. Se trata de valorar el coste y también los resultados de la iniciativa, así como definir las bonificaciones para jóvenes, tercera edad y quienes se halla en situación de precariedad.