Obras ilegales en rústico cuyas infracciones ya han prescrito

El Govern de Marga Prohens promueve la legalización de las edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones ya hayan prescrito. Para ello exigirá a promotores y propietarios el pago de sanciones y multas cuya cuantía se determinará en función del volumen y superficie que hayan construido. Cada caso será objeto de un expediente concreto y no habrá generalizaciones. Es la misma filosofía del ‘decreto Company', que fue aprobado durante el Govern 2011-2015 al ser impulsado por el entonces conseller de Agricultura, Medi Ambient i Territori. Esta medida formará parte del decreto de simplificación administrativa anunciado por la presidenta Prohens, cuya redacción coordina ahora el vicepresidente Antoni Costa para agilizar trámites y conseguir una gestión administrativa más eficaz con menos papeleo y burocracia. El decreto, que constituye un compromiso político del Govern del PP para este mandato, incluirá medidas de naturaleza administrativa y también urbanísticas, entre ellas, la posible externalización de las licencias urbanísticas.