EditorialPalma22/03/24 0:30
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Pablo Campos Maya es quizás el mayor narcotraficante que ha habido en Palma y durante los últimos veinte años ha comprado masivamente propiedades en la calle Teix y en la barriada de La Soledat, a su nombre o con sociedades y testaferros. En la operación ‘Jaque Mate' de la Guardia Civil de la semana pasada se descubrió que había construido un palacete agrupando varias casas. Bajo la mansión estaba excavando un enorme túnel de más de treinta metros, para escapar si se veía en apuros. Sin embargo, lo más llamativo de todo este asunto, dejando la lacra del narcotráfico a un lado, es la impunidad absoluta con la que ha llevaba a cabo sus proyectos urbanísticos del todo ilegales, sin que nadie del Ajuntament de Palma (cuando gobernaban los socialistas o los populares, indistintamente) le haya parado los pies. Cualquier ciudadano sería expedientado y multado si osara construir una altura de más o modificara sin licencia su vivienda. Sobre todo porque desde el aire estas alteraciones son detectables. Con ‘El Pablo', en cambio, esto no ha ocurrido. Y habría que preguntarse por qué.

Expedientes, al fin.

Ahora, por fin, el consistorio que lidera Jaime Martínez ha decidido actuar contra Pablo Campos Maya por las obras que ha estado llevando a cabo durante años. Es una medida muy necesaria para dejar claro que Cort no se achanta ante grupos mafiosos y que la Ley es igual para todos. No es de recibo que algunos personajes gocen de privilegios.

Muchas preguntas.

Con todo, aún quedan en el aire muchas incógnitas por despejar. ¿Por qué a lo largo de décadas los técnicos municipales de Urbanisme no actuaron contra el narcotraficante? Los ciudadanos no pueden sospechar de sus instituciones y la transparencia debe ser absoluta. No puede volver a ocurrir que un capo de la droga haga y deshaga a su antojo y se convierta en un intocable ante la Administración.