EditorialPalma09/06/24 15:18
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La antigua cárcel de Palma, ubicada en la carretera de Sóller, muy cerca de la actual, está degenerando por momentos, entre pintadas, toneladas de basura y bandas que la controlan. El edificio abandonado acoge ya a casi 200 personas sin recursos que buscan un techo en aquellas dependencias y que, incluso, pagan un «alquiler» a los primeros okupas que llegaron. El drama es que esos inquilinos viven en unas condiciones infrahumanas, rodeados de ratas y suciedad, y ante el peligro, como ya ha ocurrido alguna vez, de que se declare un incendio con consecuencias desastrosas. El Ajuntament de Palma tiene un plan para reconvertir esa zona en viviendas públicas, pero no es la primera vez que los políticos anuncian proyectos para aquella penitenciaría que después quedan en el olvido. Ahora, sin embargo, es más necesario que nunca ayudar a esas personas que malviven en la vieja prisión y que han sido excluidos de la posibilidad de obtener una vivienda digna. Que es un derecho irrenunciable.

Crisis habitacional.
De hecho, la situación en la antigua cárcel palmesana es un reflejo de lo que está ocurriendo en la actualidad, con una crisis habitacional como nunca se había visto en Mallorca. Los alquileres son inasumibles para muchas familias -se llegan a alquilar habitaciones a 800 euros- y los precios de la vivienda nueva o de segunda mano también está por las nubes, lo que tiene como resultado una tormenta perfecta que se lleva por delante a muchas familias.

Rápida respuesta.
Sea como fuere, las autoridades no pueden demorar por más tiempo una respuesta en este caso, porque de lo contrario corremos el riesgo de que el hacinamiento indigno de esas casi 200 personas acabe en tragedia. Los vecinos de Cas Capiscol no se merecen que su barriada se deteriore de esa manera por la inacción política, de unos y de otros.