EditorialPalma30/11/24 4:00
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En las últimas 48 horas han llegado a las costas de Baleares siete nuevas pateras, lo que da una idea de la magnitud de este problema. Que, además, se está viendo agravado porque sólo en el mes de noviembre han entrado en territorio balear 93 menores no acompañados, una cifra sin precedentes en los últimos años y que está tensionando hasta límites no conocidos hasta la fecha al IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials), que ya ha advertido que no tiene capacidad para asumir esta avalancha de niños y niñas. La Guardia Civil, que es el organismo policial con competencias en el mar, también está desbordada y sus medios técnicos y humanos están volcados en el auxilio de los cayucos que llegan cada semana al sur de Mallorca (sobre todo ses Salines y la Colònia de Sant Jordi), Cabrera y también Formentera, donde las autoridades políticas ya han alertado de que la situación es extrema. Gran parte de los migrantes norteafricanos y subsaharianos adultos que acaban su terrible odisea marítima en Baleares emprenden después el camino hacia Francia y Bélgica, que son sus destinos principales. En cambio, los menores son acogidos en territorio español.

Faltan medios logísticos.

El asunto es de tal calado que no puede obviarse una realidad: Baleares carece de medios logísticos para dar una respuesta eficaz a esta llegada masiva de niños y adolescentes extranjeros. Los partidos políticos están enzarzados en enfrentamientos estériles al respecto, que solo agudizan una crisis humanitaria que tiene que ser abordada en condiciones.

Son víctimas.

En cualquier caso, hay que remarcar que estos menores son víctimas de la miseria en sus respectivos países y que la mayoría de ellos llegan con el miedo en el cuerpo, tras una travesía larga y peligrosa por aguas del Mediterráneo. Baleares tiene la obligación de dar respuesta a este drama, pero es el Gobierno quien debe mover pieza, definir su política en esta materia y, sobre todo, facilitar recursos de todo tipo, también económicos.