Ya son 60 los policías que se querellan contra el TSJIB

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El conocido como ‘Caso Cursach’, del que se han escrito ríos de tinta después de la instrucción desastrosa del exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, que se saldó con la condena aún no ratificada de 9 años de cárcel para los dos citados funcionarios públicos, aún no ha concluido. Ahora, un total de sesenta policías locales del cuartel de San Fernando, víctimas inocentes de aquella persecución judicial sin precedentes, se han unido para denunciar a la cúpula del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) por supuesta prevaricación para favorecer a Penalva y Subirán y los testigos falsos que aportaron a la causa. Uno de los querellados es Carlos Gómez, presidente actual del TSJIB, que según los denunciantes «optó deliberadamente por no actuar conforme a Derecho» ante las evidencias de que se habían manipulado pruebas muy graves durante la instrucción.

Una persecución judicial.

Durante todos estos años, ha quedado de manifiesto que Penalva, Subirán y el Grupo de Blanqueo vulneraron los principios fundamentales de un centenar de imputados, entre policías, funcionarios y empresarios. Esas personas fueron perseguidas de forma cruel y muchas de ellas acabaron encarceladas sin pruebas, mientras otras instancias judiciales aprobaban los métodos desmesurados que se estaban empleando en aquellos momentos.

Aclarar todo el caso.

Es necesario, pues, llegar al final de este caso y aclarar cómo pudieron llevar a cabo tal estropicio judicial Penalva y Subirán. Por el bien de la Justicia, un desastre de estas proporciones no puede volver a ocurrir en Baleares y se deben reforzar todos los filtros para garantizarlo. Demasiados inocentes, y sus familias, vieron su reputación arruinada de forma gratuita y este oscuro episodio de la historia judicial reciente debe ser aclarado hasta el final.