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Me resulta descorazonador leer día sí y día también artículos de gentes, a cuyas ideas sin compartirlas las tenía por respetables, que se oponen al referéndum catalán porque sí. Y punto. Porque es inconstitucional, dicen. ¿Seguro? Lo que dice en realidad la Carta Magna es que “podrá” ser convocado un referéndum “consultivo” por el gobierno –formalmente por Borbón como Jefe del Estado a propuesta del ejecutivo- en asuntos de “especial trascendencia”. No se prohíbe a otras instancias convocar a su vez otras consultas a los ciudadanos, de un ámbito territorial u otro. Resultaría una extraña Constitución la que impidiera la consulta democrática de este tipo. Y esto nos lleva, más allá de discusiones bizantinas sobre la jurídica constitucionalidad o no del referéndum catalán, al meollo de la cuestión. Y éste es que estamos ante una cuestión política. Y la cuestión política es meridiana. Cómo en nombre de la democracia puede impedirse una consulta democrática a los ciudadanos de Cataluña si estuviera hecha con los condicionamientos democráticos al uso. No se puede. Así de simple. Yo no sé si en Cataluña CiU juega a la táctica habitual y si llegará o no el momento del referéndum. No se trata, ahora, de eso. Se trata de que en este país, que tenemos por democrático, cada día se leen artículos y se escuchan opiniones de gentes que pasan por razonables, moderadas, de orden y, sobre todo, demócratas que en nombre de la sacralidad constitucional quieren ahogar la democracia impidiendo la consulta catalana. En nombre de la Constitución combaten la participación democrática. ¿Cómo se entiende? Imposible de entenderlo. Y muy triste.