En respuesta al recurso presentado por la patronal de restauración, a principio de marzo de este año, el Juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Palma declaraba nulo el Decreto municipal. La sentencia alude a la falta de pruebas documentales aportadas por el Ayuntamiento para justificar la limitación de horario, pero sin cuestionar el derecho a limitarlo, en base al artículo 18 de la Ordenanza. Más allá de la valoración que merezca la sentencia, hay que preguntar al Ayuntamiento si opta por rendirse o por hacer un trabajo riguroso y documentar con precisión la necesidad de declarar la zona de especial protección.
Los restauradores exigen ahora al Ayuntamiento indemnizaciones por lo que han dejado de ganar a causa de la limitación de horario de estos dos años; los vecinos afectados preguntan quién les compensará a ellos por los sufrimientos y gastos médicos, soportados durante décadas sin poder dormir, y por las pérdidas debido a la venta precipitada de viviendas para buscar alojamiento en otros barrios. ¿Qué modelo de ciudad queremos construir?
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