¡Confínense!

El espacio sociológico jurídico de esta problemática se sitúa en la institución de la expropiación forzosa. Que exige compaginar, con sumo cuidado y sensibilidad, los derechos a la vida y la salud, con los de carácter económico: la propiedad privada, la utilidad pública y el interés social. En la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 ya se considera «inviolable y sagrado el derecho de propiedad, y en caso de expropiación se exige una indemnización previa y justa». Al respecto de la contrapartida a las expropiaciones hay que redundar en que indemnizar quiere decir dejar indemne o sin daño de ninguna clase. Y que también es expropiación forzosa la decisión que directa o indirectamente nos arranca algo, tanto material como inmaterial que nos pertenece; como ha ocurrido tan profusamente durante la pandemia. Pues, hemos vivido un ‘confínense' y otras situaciones de dudosa constitucionalidad, con los que se nos han restringido o impedido una serie de derechos y libertades: de circulación, ideológica, de reunión, de carácter moral y privado de derechos como al trabajo; pues al tener derecho a trabajar, es expropiación el impedirlo. Especialmente por las características del confinamiento indiscriminado.

No por casualidad la institución expropiatoria constituye una de las pruebas más elocuentes cuando se toma el pulso al Estado de derecho. No pudiendo permitirse situaciones confiscatorias ni, evidentemente, ‘exprópiense' al estilo chavista, ni situaciones análogas.

Ahora toca hacer efectivas las indemnizaciones. Dejar a la ciudadanía sin daños. Vamos a ver cómo se parte y reparte, y quiénes se quedan con la mejor y la peor parte.