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La ministra de Educación llega a Palma para escenificar el impulso del Gobierno a la nueva Formación Profesional y su apoyo a la política educativa del Govern. Lo cierto es que Pilar Alegría comenzó su encargo ministerial con un importante cambio de actitud y de lenguaje respecto a la enseñanza concertada con relación a su predecesora, la polémica Isabel Celaá, lo que es de agradecer.

Pero es precisamente en materia de Formación Profesional donde más flaquea la coherencia del Govern con el sector concertado, clave en nuestro sistema educativo autonómico por el número de alumnos que escolariza y la solera y tradición de la mayor parte de sus centros, de referencia social indudable.

La concertada ve, año tras año, como la inmensa mayoría de sus propuestas para implantar nuevos ciclos adaptados a las necesidades de nuestro mercado de trabajo son rechazadas de forma absolutamente arbitraria, sin la más mínima justificación y con menosprecio evidente del trabajo de prospección y diseño de los ciclos que llevan a cabo los equipos directivos y de docentes de esos centros.

Mientras Martí March afirma, siempre que se tercia, que cuenta con la concertada también para desarrollar la FP –clave para nuestros jóvenes en un futuro cada vez más inmediato–, su director general de Formació Professional, Antoni Baos, le desdice sistemáticamente, de forma que resulta imposible materializar ninguna de las promesas del conseller para facilitar el acceso de más centros a la Formación Profesional concertada, que además es considerablemente más barata para el ciudadano que la pública, al ahorrarse la Administración todos los costes de inversión.

Este trato abiertamente discriminatorio resulta muy decepcionante en un sector estratégico como el educativo, que debería desterrar las triquiñuelas y engaños, que denotan, como mínimo, el sectarismo del director general de FP del Govern.

El PSOE introdujo en la LOE el concepto de servicio público para incluir en él a los centros concertados, pero parece ser que únicamente para exigirles, y no para contar con ellos y financiarlos debidamente. En los próximos años, los niveles de educación infantil 0-3 –que el gobierno de Galicia anunció ayer que va a ser gratuito en todos sus centros, públicos y privados– y de Formación Profesional van a experimentar un notable crecimiento para dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Esperemos que con Alegría en el Ministerio se produzca al fin el cambio de paradigma para con la enseñanza concertada: de la subsidiariedad, a la complementariedad recíproca con la pública que prevé nuestra Constitución.

El Ajuntament de Palma, abrumado por la respuesta ciudadana y de la propia UIB se ha aprestado a eliminar el espantoso grafiti con el que cubrió durante algo más de una semana el viejo portal del Parc de ses Veles. Celebremos la rectificación, pues será la única en lo que va de mandato del Pacte.

Ahora bien, la amenaza de trasladar semejante bodrio a otro recinto público debe cesar ya. Palma no es La Habana, aquí no necesitamos que nos bombardeen con propaganda callejera de los ‘héroes' de ninguna revolución. Si las mujeres que la grafitera pretendía retratar lo merecen, hay otros ámbitos y formas de reconocer su valía sin pintarrajear nuestro patrimonio.