Julián Delgado13/11/21 3:59
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En España, estamos asistiendo a una degradación del principio de autoridad y una de sus manifestaciones es la ola de violencia que se ha desatado contra la Policía. Se trata de una tendencia de fondo, ataques aprovechando cualquier pretexto, una violencia endémica agravada mediante las redes sociales, que transmiten los mensajes de odio y violencia y que acaban constituyendo un acoso a las instituciones. Es un nuevo tipo de violencia antipolicial que se ejerce cuando las Fuerzas de Seguridad desarrollan su trabajo, bien al enfrentarse a delitos relacionados con la droga, como en el campo de Gibraltar donde las agresiones son organizadas y en fuerza; restableciendo el orden público en los masivos botellones, en altercados donde se destruyen viene públicos y se practica el pillaje; en los enfrentamientos con grupos separatistas de Cataluña, el País Vasco y Navarra; en determinados barrios de grandes ciudades convertidos en guetos de delincuentes que no toleran su presencia; en los choques armados entre bandas de origen sudamericano…

La violencia callejera es cada día más agresiva y en muchas ocasiones toma tintes de salvajismo. Este fenómeno es, en buena parte, reflejo de los objetivos y comportamiento de los partidos gobernantes, que están en el mismo proceso de acoso y destrucción de las instituciones. Incumplen la ley cuando no les beneficia, instan a que no se cumpla e injurian a la Justicia. No han sido pocas las autoridades que han justificado las actuaciones violentas de los manifestantes y han cargado contra la actuación policial.

Pues bien, con este panorama, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que laminar la Ley de Seguridad Ciudadana en lo que afecta a la protección de los policías, accediendo a los deseos de los antisistema y nacionalistas, protagonistas de la violencia callejera. Son los enemigos del sistema del 78 y de la Nación los que odian a la Policía y están interesados en debilitar su capacidad operativa así como ajustar cuentas por la inhabilitación de un diputado de su cuerda por el testimonio del policía agredido, que ahora no lo podría ser, pues con esta ley se les niega la presunción de veracidad. Una ley que parece elaborado en una asamblea de la CUP.