Joan MartorellPalma07/02/22 3:59
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Cuando Francina Armengol presenta en el entorno de una de las ferias turísticas más importantes del mundo una ley que todavía no existe o Pedro Sánchez hace suyas las advertencias de un dirigente empresarial ante el trámite parlamentario del decreto que modifica la legislación laboral están ninguneando sin escrúpulos la función sustancial del Parlament de Baleares y del Congreso de los Diputados, las cámaras de representación de la soberanía popular. La tendencia irrefrenable de los partidos que ostentan el poder ejecutivo a debilitar o, en el peor de los casos, suprimir el sistema de frenos y equilibrios propio de las democracias avanzadas conduce paulatinamente a la instauración de lo que los politólogos han venido en llamar democracias iliberales, regímenes políticos en los que las elecciones no garantizan las libertades plenas. Polonia o Hungría no están tan lejos.

Al término de la negociación entre sindicatos y empresarios de las modificaciones de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, el presidente de la cúpula empresarial, Antonio Garamendi, apercibía a los diputados del Congreso a no tocar ni una coma de lo pactado, so pena de desvincularse del acuerdo, situándose de facto por encima del Parlamento y negando radicalmente su exclusiva competencia legislativa, una postura que el presidente del Gobierno ha asumido como propia, bien por conveniencia personal (necesita blanquear su vis extremista), bien por exigencia europea. Los detalles de la reforma de la reforma, un querer y no poder, han quedado en segundo término ante el mercadeo de votos para sacar adelante el decreto sin, efectivamente, modificar ni una coma y el espectáculo de las tiranteces en la coalición de Gobierno y en la mayoría parlamentaria que lo sustenta, ese grupo Frankenstein de intereses partidistas para el que, finalmente, no pasará nada y cada cual seguirá en su lugar que, en caso de tener que disolver el Parlamento, podrían perder su estatus de privilegio.

Y no andan los parlamentarios sobrados de crédito cuando el objeto de sus desvelos es la intérprete que va a representar a una cadena de televisión en el festival de Eurovisión, o, por lo que se refiere a la cámara legislativa de Baleares, tener que debatir una Proposición No de Ley del socio de gobierno de Armengol, Més, sobre la salvaguarda de la independencia de Ucrania. Está Putin que no duerme a la espera de la resolución del Parlament. Tampoco en Baleares el Ejecutivo tiene en mucha consideración al Legislativo. No es de ahora que el Govern se ha impuesto como necesidad acudir a las ferias turísticas con un titular de impacto. En Fitur, el encuentro de Madrid, ha sido la presentación de una ley de turismo. A todo trapo, con ministras incluidas, que así luce mejor la foto. Que la ley esté por hacer no es sino una incomodidad que el Govern no va a permitir que estropee la propaganda.
Un sabio de la política, alejado de la vida pública por la mediocridad rampante, señalaba, esclarecedor, la clave del descrédito de la función pública: los políticos han dimitido de sus responsabilidades. El ejemplo: incluso la gestión de las medidas contra la pandemia han sido derivadas a los jueces. Al final, nos queda entretenernos con las admoniciones de Podemos a cuenta del miedo a las tetas.