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Amedida que avanza inexorable el fin de la legislatura, se percibe con más claridad que el PSIB comienza a asimilar íntimamente que, salvo milagro, no continuará gobernando tras las elecciones de mayo próximo.
Armengol evidencia un deterioro muy apreciable y las tensiones con Més en todas las instituciones empeoran el pronóstico. Con socios como ellos, no hace falta oposición. Después de casi cuatro legislaturas de poder, la asignatura pendiente para los socialistas es la de hallar socios que no anden todo el día enfrascados en rabietas infantiles y que no bloqueen con su monólogo prohibicionista cualquier iniciativa. Més, lo hemos dicho hasta la saciedad analistas de todos los colores, no sirve para gobernar. Probablemente, ni de oposición.
No puede basarse la acción política en estar cuatro años quejándose y prohibiendo por doquier, hay que hacer algo. A estas alturas, al ciudadano medio le importa ya un bledo si el PP de Bauzá era calamitoso, porque lo que durante siete años nos ha ofrecido el Pacte no lo mejora ni un ápice.

u Una tentación propia del político que siente escapar el poder es la de gobernar sus últimos meses exclusivamente para su capillita de incondicionales, renunciando a hacerlo para toda la ciudadanía.
Iniciativas fallidas como la de la pseudogratuidad del nivel 2-3 en unos pocos centros, adoptada a espaldas del sector e incluso en contra de todas sus aportaciones, son una muestra de ello. Mera propaganda para contentar a plataformas de acólitos, creando una multitud de problemas y poniendo en riesgo la viabilidad de todo el sector asistencial y gran parte del educativo. La conciliación familiar y laboral será solo para aquellos que puedan pagarla. Socialismo en estado puro.
Pero la política educativa de tierra quemada se extiende a más aspectos: arrinconamiento –ilegal– de la asignatura de Religión, de la que no solo no se ofrece una alternativa académica, sino que se consiente que los directores más montaraces de la enseñanza pública comuniquen a las familias que en sus centros no se ofrece tal asignatura o, que aquellos que no la cursen, pueden irse a su casa. También responde a ese esquema la permanente marginación de la enseñanza concertada por lo que hace a recursos de atención a la diversidad. Mientras financiamos parcialmente niveles que ni son obligatorios ni legalmente gratuitos, en nuestras escuelas y enseñanzas que sí lo son hacen falta decenas de profesores para asistir a alumnos con necesidades de apoyo educativo y, lo que es mucho más sangrante, auxiliares técnicos, imprescindibles para atender a quienes presentan graves problemas físicos de movilidad, alimentación, control de esfínteres, etc. La inclusión es un mantra que se cuela en todas las normas educativas progres, pero que no se dota con financiación y recursos. Más propaganda.
Y los anuncios relativos al descenso de natalidad que padecemos –oportunidad única para proceder a una disminución general de ratios en nuestras aulas– se transforman solo en un medio para señalar que la relación profesor/alumno ha mejorado, al tiempo que se siguen anunciando proyectos de nuevos centros destinados a la infrautilización. Una decisión al servicio de la ideología y en contra de la eficiencia económica más elemental.