El infierno, empedrado de protocolos

La iniciativa más emblemática, el tranvía. Con sus mejores galas, el Govern y la ministra de Transportes –también presentes el alcalde de Palma y la delegada del Gobierno–, han presentado la firma de un protocolo por el que el gobierno de España se compromete a invertir los 185 millones de su coste. Un protocolo. Y es sabido que el infierno está empedrado de buenas intenciones, es decir que de nada sirven los buenos propósitos si no van acompañados de las obras. En este caso, el protocolo en cuestión tiene trampa electoral. La ministra Raquel Sánchez aseguraba que la inversión estará garantizada «si sigue gobernando la izquierda». Corroboraba el compromiso Francina Armengol, a partir de su convencimiento de seguir en el Consolat después de las próximas elecciones. Si la realidad traiciona sus aspiraciones podríamos regresar al 2009, cuando ese mismo tranvía iba a funcionar en dos años.

Todo lo cual no ha sido obstáculo para el desarrollo de una intensa campaña propagandística con visos de derroche de dinero público. La excusa, el inicio de un período de alegaciones a un proyecto hoy por hoy supeditado a un protocolo. No puede haber reparo alguno a la obligación de las administraciones de informar a los ciudadanos de todas las iniciativas que afectan a la vida cotidiana o inciden en sus relaciones con la administración. Pero convertir esa obligación de divulgación en pura propaganda es una línea roja que el Govern traspasa con excesiva reiteración. Y es falso que el dinero público no sea de nadie, como afirmaba, toda rumbosa, aquella vicepresidenta que fue de Pedro Sánchez.

Otra medida de impacto es la gratuidad del transporte, tren, metro y autobús, también el urbano, gracias a la capacidad de presión de Coalición Canaria sobre los presupuestos de Sánchez. El objetivo explicitado es la reducción del uso del vehículo privado. Bienvenida sea la disposición en tanto permitirá un alivio, por pequeño que sea, de las machacadas economías familiares. Pero, conocidas las capacidades de gestión de los actuales gobernantes, cabe interrogarse acerca de su respuesta al previsible aumento de usuarios del transporte, con el consiguiente riesgo de saturar los medios disponibles y dejar al pasajero en la parada.

En el reverso de tantos millones, en Baleares faltan 850 médicos –especialistas hospitalarios y médicos de familia– y mucho talento se marcha por falta de incentivos. Y eso no se arregla con propaganda.