Malversación a la carta

A fuerza de asistir a las contorsiones del lenguaje para justificar lo injustificable, parece que a nadie le sorprende ya escuchar al presidente del Gobierno defendiendo la idea de que la derogación del delito de sedición puede encajar en una supuesta agenda de «pacificación» de Cataluña, de la que ya fueron hitos destacados los indultos a los separatistas condenados por el Tribunal Supremo.
Una agenda de la que no se recatan en incluir la reforma de otro delito: la malversación. Delito por el que en su día también fueron condenados los cabecillas del ‘procés' y por el que tienen abierta causa varias decenas de ciudadanos que participaron en aquella asonada. Desde ERC, el socio parlamentario que junto a Bildu facilitó al Gobierno la aprobación de los Presupuestos, exigen la modificación «quirúrgica» de la malversación en la idea de que el apaño se ciña en exclusiva al ámbito de los afectados judicialmente por su participación en la sedición. Malversación a la carta. Con Sánchez en las palancas de mando no hay que descartar que lo consigan para que Oriol Junqueras pueda concurrir a las próximas elecciones aunque esté inhabilitado durante 13 años para ejercer cargo público. La malversación consiste en distraer el dinero público para beneficio propio o para allegar fines políticos –caso de los implicados en el ‘procés', en los ERE del gobierno socialista de Andalucía o en el ‘caso Púnica' que afectaba al PP.
Reformar a la baja el delito retrata una forma de hacer política alejada de todo escrúpulo democrático. Sí tal reforma sale adelante será un día triste para la democracia y Pedro Sánchez habrá culminado su enésima contorsión. Ahora, el Gobierno se abre a una «reforma limitada de la malversación». Más que ironía es un sarcasmo que estemos asistiendo a este tipo de maniobras por iniciativa de un Gobierno que llegó al poder tras la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy utilizando como palanca y retorciendo la sentencia del ‘caso Gürtel', otro caso de corrupción.