Joan MartorellPalma06/02/23 0:29
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Por exigente que pueda ser la política, ha de ser un bochorno tener que cambiar de criterio de un día para otro, a toque de silbato de la autoridad superior o por las amenazas de dejar al pairo el Govern por parte de los socios de la alianza de izquierdas. O por la suma de ambas circunstancias.
Veamos: ante la falta de profesionales sanitarios, que incide directamente en las listas de espera, Francina Armengol plantea la exención de la exigencia del catalán para el ejercicio profesional en Baleares en determinadas especialidades. Se trataba, según el Govern, de «seducir» a médicos y sanitarios. Més, que forma parte del Ejecutivo, se rasga las vestiduras y retorna al papel en el que más a gusto parece sentirse, el de la oposición a su mismo Govern. Para no quedar fuera de juego, Podemos se suma a las diatribas de los nacionalistas. Desde la Obra Cultural Balear se lanza la peor descalificación que pueda dirigirse a la presidenta, «se encuentra al mismo nivel que José Ramón Bauzá». Aun y la habitual endeblez de las amenazas de sus coligados, a Francina Armengol le tiemblan las piernas. En apenas veinticuatro horas el Govern rectifica, aferrándose en este caso al padrón sanitario. Por lo visto no eran tantas las especialidades con carencias de personal, de forma que el idioma recupera la anterior categoría de exigencia. Una mañana la prioridad era atraer a los médicos necesarios y a la siguiente el catalán no es ningún problema para captar sanitarios.

Otro lance que pone de manifiesto la volatilidad de las convicciones es el de la ley del ‘solo sí es sí', aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y aplaudida con entusiasmo por los más de 200 diputados del Congreso que la bendijeron, despreciando «por machistas» los múltiples avisos de diversos organismos y expertos juristas sobre sus consecuencias. Cuando en Baleares se producían las dos primeras excarcelaciones de delincuentes sexuales, el pasado mes de noviembre, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, se deshacía en loas al texto legal: «beneficia a las mujeres» y «protege de forma integral a las víctimas de la violencia sexual». En el momento que las rebajas de condenas van camino de las cuatrocientas, dieciocho en Baleares, Pedro Sánchez, acosado por las encuestas que reflejan la alarma social provocada por esa ley mal hecha, tira del subterfugio de los «efectos indeseados» de la norma con el fin de intentar atenuar el fiasco y admite la necesidad de rectificar. El temor a las reacciones de Podemos (ahí sigue la ministra Irene Montero) llevó a Sánchez a prescindir de nuevo del sentido común y obligó al Congreso a dar por buena la chapuza, reflejando de paso la peor cara del Legislativo: la inanidad y el sometimiento de la mayoría a las conveniencias personales del presidente. El nuevo argumentario de Moncloa, repetido por la consellera de Armengol, es que la ley es buena porque «pone en el centro el consentimiento de la mujer cuando hay una agresión sexual». Un extremo, por otra parte, que jamás ha estado en cuestión.

A la vista está, pues, que por el mantenimiento del poder se sacrifican los principios (¿Qué principios?), los ideales, la coherencia, incluso los mínimos exigibles de sensatez. No hay encuesta que pueda enmendar tal grado de envilecimiento.