Fermín BocosPalma29/06/23 0:29
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Llevamos casi seis meses con los tribunales paralizados debido a la concatenación de huelgas primero de los letrados de la Administración de Justicia que se desarrolló entre enero y marzo y después –sigue activa– la de los funcionarios de Justicia que iniciaron protestas con paros parciales en abril y que ante la sordera de la ministra de Justicia, Pilar Llop, el 22 de mayo transformaron los paros en huelga indefinida. Algunas fuentes señalan que serán necesarios al menos dos años para recuperar y poner al día la tarea de los juzgados tal es el ingente volumen de retrasos acumulados. Es sabido que los funcionarios en huelga solicitan un aumento de sus retribuciones similar al conseguido por sus compañeros letrados y diversas mejoras en la organización de su trabajo. La situación está al límite. No hace mucho fueron los jueces y fiscales de las principales asociaciones quienes amagaron un paro como medida de presión para llamar la atención acerca de la precariedad en la que desarrollan sus tareas y también en demanda de mejoras salariales. Son miles los juicios aplazados –500.000 en mayo, según los sindicatos– y se cuentan por cientos de miles más los trámites suspendidos: notificaciones, demandas, etc.

Llama la atención la pasividad con la que la ministra se ha tomado este asunto. La distancia con la que se conduce respecto y la falta de acción ante el predecible colapso de los juzgados es incomprensible. Se sabe amortizada políticamente, pero sigue siendo la titular del Ministerio y aunque solo fuera por transmitir una señal de vida debería intentar implicarse personalmente en el asunto y no dejándolo en manos de un secretario de Estado que ha sido señalado por cuantos han negociado con él como una persona que no parece ser de este mundo. El resultado es que el estancamiento de los juzgados está creando tantos problemas que los colegios de abogados han convocado concentraciones frente a las sedes de los tribunales superiores. Miles de ciudadanos sufrirán las consecuencias.