Salvar al soldado Milan

Se ha filtrado la investigación de unas supuestas irregularidades en Campos –obviamente, feudo del PP– por el chiringuito de Cristòfol Milan justo cuando ya se había anunciado previamente que iba a ser clausurado por resultar un ente carísimo, inútil, con competencias triplicadas o cuadruplicadas en otros órganos y cuya única finalidad real era la de ejercer de Santo Oficio laico en contra de los partidos del centroderecha.

Milan pudo haber sido, al menos, un pelín más astuto y haber optado por hacer pública alguna investigación a un alcalde socialista o de Més, lo que hubiera podido fastidiar al Govern. Pero, al engorilarse en perseguir únicamente al adversario, justifica plenamente su devolución a los corrales. Por cierto, el sigilo y la protección de datos personales brillan por su ausencia en la Oficina.

Con este torpe movimiento, Milan demuestra que su único norte –para el que Armengol le eligió– fue tener bajo vigilancia a la entonces oposición, hurgando en cualquier irregularidad administrativa para tratar de elevarla a la categoría de escándalo. De casos como el que nos llegó de Eivissa en junio pasado –el alcalde socialista de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, detenido por una grave corrupción urbanística– Milan, en cambio, ni siquiera se había enterado, qué cosas. Que esto nos cueste a los ciudadanos un millón y medio de euros cada año es, sencillamente, una vergüenza, o quizás solo una desvergüenza.

Pero al PSIB, ahora a lomos del relamido Marc Pons y del inefable Negueruela, la realidad le ha importado siempre bastante poco y, con la inestimable ayuda de la prensa afecta, ha montado una campaña para tratar de salvar al soldado Milan. Todos los alfiles de la izquierda conjurados para intentar rescatar a su espía en territorio enemigo.

La estrategia con Milan, como con el dimitido Andreu Manresa –que no soportó las críticas y decidió regresar a la molicie– es la misma que ha diseñado el Pacte para dejar anclados a supuestos cargos técnicos en la segunda y tercera línea de toda la Administración autonómica. Los progres se inventaron un procedimiento de estabilización de centenares de cargos de libre designación –es decir, militantes y simpatizantes digitados–, que colocaron para parasitar todas las consellerías para el caso –inimaginable para ellos– de que se produjera un cambio al frente del Govern.

El resultado es que, hasta al menos dentro de un año, el PP va a tener que gestionar sus departamentos sin poder conformar plenamente sus propios equipos, antes bien, vigilando que los topos que el Pacte introdujo con la excusa de la profesionalización no le saboteen las políticas para las que los ciudadanos les eligieron. Se trata de un episodio de guerra sucia y deslealtad institucional muy del marchamo de Francina Armengol, tan poco añorada por aquí, por cierto.