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Por primera vez hasta donde alcanza la memoria, estaban todos los que son en los ámbitos empresariales, políticos, económicos, académicos y civiles en la cumbre convocada por un Govern y, en la actual tesitura turística, con el añadido inédito de ser del PP. La presidenta Marga Prohens acotaba el punto de partida del multitudinario encuentro: «hablar de límites y contención es la mejor manera de defender el turismo» y, con el mismo sentido, «este ritmo de crecimiento ya no es sostenible».

A partir de ahí, un grupo de expertos liderarán hasta ocho grupos de trabajo cuya misión será elaborar, en un plazo razonable de tiempo, el diagnóstico sobre el que adoptar las decisiones políticas. Habrá que dar por bueno que, en este caso, no se validará la sentencia relativa a que cuando quieres que una cuestión se eternice, crea una comisión. De ocurrir así, todo se quedaría en un puro bluf sin duda con consecuencias sociales importantes dado el malestar colectivo por la masificación turística que cobra cada vez mayor dimensión.

Todos los participantes han de sentirse representados, se afirmó en un momento de la reunión, sin duda por el buen ambiente imperante. Sin embargo, los intereses de los 140 grupos o entidades presentes son muy dispares. Sería la cuadratura del círculo poner de acuerdo a la izquierda política y las asociaciones que proponen la prohibición de vuelos privados, la mayor limitación de cruceros, el veto al alquiler turístico en todos los pisos de Balears (Fòrum Societat civil) –o incluso los más radicales que plantean el bloqueo de los aeropuertos–, con intereses empresariales: si se empiezan a poner limitaciones provocaremos más caos (Othman Ktiri, Baleval, patronal de coches de alquiler); aunque también es cierto que los empresarios locales de alquiler de vehículos no dudan que la restricción en el número de vehículos es una buena medida.

Parece evidente que la madre de todas las batallas será la del alquiler turístico. También podría serlo, si de verdad el Govern fuera a ser tan valiente como pretende, incluso frente al todopoderoso sector hotelero, la de los establecimientos indiscutiblemente viejos, cuyo destino debería ser la expropiación y la piqueta. La llamada economía colaborativa, sostén del arrendamiento turístico, supuso el acceso a los flujos de riqueza del turismo a sectores que nunca antes habían podido participar directamente del fenómeno, restringido a los empresarios de la hostelería. Y funcionó. Antes de que también fuera el negocio de la caricatura tan querida por la izquierda de los señores con puro y chistera, se aparecía, en líneas generales, como el instrumento de las clases medias para pagar la hipoteca de la segunda residencia. Y con carácter transversal. No son pocos los reconocidos militantes de partidos de izquierda, también nacionalistas, que se muestran encantados con los ingresos por esa actividad.

Al margen de las grandes empresas que se lucran con el arriendo turístico, hay una masa crítica que no puede encasillarse en tal categoría. Son personas anónimas. Que votan. Contra las que deberá actuar el Govern, no solo las que comercien su propiedad ilegalmente sino que asimismo, muy probablemente, deba contemplarse la reducción de plazas legalizadas. ¿Pondrán el cascabel al gato?