Carles Manera29/09/24 0:30
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L a economía española presenta resultados positivos, reconocidos por las instituciones económicas más relevantes. El INE ha realizado revisiones en los cálculos del PIB, y los ha elevado, correspondientes a los últimos ejercicios. Unos errores estadísticos que, en su momento, motivaron todo tipo de comentarios negativos sobre la evolución económica del país, revelándose ahora como, en efecto –y eso lo decíamos en su momento algunos–, se trataba de estimaciones que no se correspondían con otros indicadores disponibles. Hace apenas unos días, el Banco de España ha actualizado su revisión del crecimiento, y lo ha elevado hasta llegar al 2,8 %. La cifra, que concuerda con la de otras previsiones institucionales, es importante y remarca un diferencial positivo de incremento del PIB en contraste con lo que se está viviendo en otros países, como por ejemplo Alemania, con signos de recesión. Y se contrapone a la obstinación en lanzar mensajes derrotistas sobre la trayectoria económica española.

En este contexto, en el que el PIB avanza, la inflación está cayendo –y acercándose a la senda del 2%– y la tasa de paro es históricamente baja en España, encarar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado debería constituir un ejercicio siempre tenso –por las expectativas que se generan–, aunque plausible. Pero la crispación política enturbia todo un proceso que debiera ser más natural, más institucional. El primer asalto es la fijación de una senda fiscal que debe concretar los objetivos de déficit para las comunidades autónomas y ayuntamientos para los ejercicios 2025-2027. Una propuesta que ya fue rechazada por las derechas en el Congreso de los Diputados (PP, Vox, Junts) en el mes de julio, y que ahora, de nuevo, se pone sobre la mesa para su debate. El rechazo a esa primera fase presupuestaria ofrece severas contradicciones para sus detractores, que tienen responsabilidades directas de gestión en comunidades autónomas y ciudades.

En efecto, la negativa a aprobar esa senda puede suponer la pérdida de casi doce mil millones de euros para ayuntamientos (poco más de cinco mil millones) y gobiernos autonómicos (cerca de siete mil millones). Los opositores, que gobiernan en buena parte de las regiones y en ciudades importantes, van a perder ese dineral para poder desarrollar políticas públicas, servicios que afectan a toda la ciudadanía. Y, en paralelo, seguro que van a demandar más recursos al gobierno central a partir de la discusión del sistema de financiación. Buscar el incremento de ingresos es una de las obsesiones de los responsables económicos que gestionan un presupuesto; eludir esas posibilidades (reduciendo la capacidad tributaria, o rechazando partidas importantes por cuestiones político-ideológicas) constituye un ejercicio de gran irresponsabilidad. Perderán Madrid (1.200 millones), Andalucía (casi 900), Valencia (más de 600), Galicia (350), Murcia (175) y Balears (175), entre otras comunidades, en 2025 y 2026. Recursos perentorios para invertir en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, investigación, infraestructuras.