El síndrome del Poyo

Ante la pregunta de cuántas veces la gente ha subestimado una alerta de mal tiempo y han hecho vida normal: yendo de excursión a la montaña; saliendo con la barca o con la bicicleta; acercándose a zonas inundables, se contestaría numerosas. Llevamos unos días que la gente sí ha hecho caso a los mensajes que desde las instituciones se han ido emitiendo.

Pero este síndrome con el que estamos conviviendo, cuyo síntoma más evidente es la hipersensibilización hacia los anuncios sobre una DANA, puede ir perdiendo su efectividad entre los ciudadanos: por el simple paso del tiempo -memoria corta-; por la gestión institucional de las alertas, al correr el riesgo de bajar la guardia por un exceso de avisos, influenciados por el síndrome del Poyo, que con posterioridad se interpreten como desproporcionados.

Este síndrome también ha llegado a nuestro Parlament; se están revisando unas iniciativas legislativas, que eran necesarias y urgentes -decreto ley- su aprobación y entrada en vigor en mayo, pero que ahora son al parecer innecesarias, incluso apreciándose como desacertadas. Y es que legislar en caliente tiene este tipo de consecuencias. Existe un consenso amplio que es una mala praxis legislativa modificar las leyes a golpe de convulsión social. Esto no quita que sea razonable que se repasen los motivos que justificaban esa decisión normativa, por tener una información que no se consideró en los estudios que la impulsaron, pero no por el Poyo. En Mallorca, desgraciadamente, no se necesitaba esa tragedia peninsular para influir en cualquier norma urbanística; ya tuvimos la nuestra con trece víctimas mortales con ‘Sa Torrentada’ de Sant Llorenç; por cierto, sin que nadie asumiera nunca ninguna responsabilidad política por ello.

No se debe olvidar que, con lo ocurrido en Valencia, las críticas se están centrando en el presidente Mazón y en la vicepresidenta Ribera por la gestión de las alertas a la población y la intervención del ejército -y por sus desconexiones gastronómicas o bruselenses- pero no por las normativas que permitían construir donde se edificó, o por la falta de inversión en infraestructuras para evitar lo ocurrido, principalmente del Gobierno central, tanto con Sánchez como con Rajoy -aunque este hace tiempo que no es presidente-, pero también desde el Autonómico, donde Ximo Puig, a pesar de que nadie se acuerde de él, no impulsó obras para evitarlo, ni Mazón, si bien este lleva únicamente un año.

Hay ciudadanos que tienen una realidad en materia urbanística que requieren una respuesta, sin tener que sufrir los síntomas del síndrome del Poyo. Se tendrá que justificar convenientemente que una norma que está hoy en vigor vaya a dejar de estarlo, y, principalmente, sin conocer qué propuestas alternativas se plantean.