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La nueva ordenanza cívica que el Ajuntament de Palma llevará a pleno en diciembre incluye una serie de nuevas prohibiciones que intentan responder a problemáticas que los viandantes y ciudadanos experimentamos a diario.

Entre ellas se propone establecer un máximo a las visitas turísticas (cuántas veces no se habrán visto los ciudadanos bloqueados por un sinfín de tours guiados más longevos que un viaje en TIB); se continúa con la persecución al grafiti, algo casi obsesivo ya por parte del alcalde Martínez; se continúa prohibiendo el botellón; o la prohibición de pernoctar y vivir en autocaravanas, multando por ello con cuantías de entre 750 a 1.500 euros.

La oposición ya ha criticado algunas medidas y ha bautizado a la nueva ordenanza como una 'persecución al ciudadano'. Y aquí hay que decir que no deja de ser curioso que un partido que usa la libertad para todo lo que se menea decida ahora coartar la expresión artística de los artistas callejeros o la decisión de vivir en un vehículo que está precisamente preparado, pensado y adaptado para ese fin (por no hablar de que esta realidad viene acompañada del grave problema de vivienda que afecta a nuestras islas). Otra decisión adoptada es la prohibición de carteles en el espacio público sin autorización, limitando de manera clara el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

No obstante, hay una decisión que a un servidor le ha llamado la atención, en parte, por la ignorancia que rezuma la misma. El artículo 94 de la nueva ordenanza prevé la prohibición del balconing, algo que creo que todos consideraremos como normal y, de hecho, hasta sorprendente que se deba prohibir. Lo sorprendente, sin embargo, es que se equipare la inconsciencia de saltar a una piscina ebrio con la práctica de un deporte con más de 40 años de historia, en vías de federación y que incluso opta a convertirse en práctica olímpica como es el parkour.

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Es más, la práctica de parkour pasará a ser considerada como una falta grave que acarrear multas de hasta 1.500 euros por lo que pasará ser peor que a uno le 'pillen' realizando un salto acrobático en la calle que, por poner un ejemplo, cagar en esa misma calle (falta leve). La situación es tan paradójica que incluso la prostitución está considerada en un nivel similar al de realizar este deporte.

No es la primera vez que el parkour recibe un ataque por parte de las instituciones que, ignorantes, desconocen que se trata de una práctica que goza de gran popularidad y que precisamente consiste en utilizar el mobiliario urbano con respeto (es una de las principales máximas de la propia disciplina) para poder usar la calle como un espacio de divertimento, entrenamiento y ocio. No hace falta decir que muchos chavales que entrenan parkour, al hacerlo, están al aire libre, se ejercitan y no realizan otras actividades que podrían ser perjudiciales para ellos mismos, siendo una opción sana, de valores en favor de la comunidad y el entorno.

El lector podrá imaginar ya que un servidor está afectado por la decisión al ser practicante de esta disciplina desde hace 17 años y, precisamente por esa misma experiencia que uno atesora, puedo decir con conocimiento de causa que el parkour no solo no daña el mobiliario (aunque pueda haber accidentes como en todas partes), sino que en todos estos años saltando ni una sola vez se ha roto ni un simple banco de madera. Por no hablar de que no existen lugares acondicionados para la práctica de este deporte, por lo que su prohibición obliga a sus practicantes, o bien, a dejar de realizarlo o a hacerlo a escondidas de todo el mundo, en una especie de clandestinidad que no ayuda a nadie.

La decisión es todavía rectificable, por lo que uno espera que la sensatez, el seny, imperen en la sesión plenaria y se maticen algunas de las nuevas normas que se plantean adoptar. Más allá de la ridiculez de querer prohibir hacer un deporte que no hace daño a nadie como es el parkour, es imperativo no jugar con temas como la vivienda limitando más aún los lugares habilitados para ello y teniendo en cuenta que la mera prohibición por el simple hecho de prohibir sin ofrecer alternativas que alivien los problemas solo sirven de cuello de botella para futuros dolores de cabeza y hacen la vida de la gente más miserable, precisamente lo opuesto que dice buscar el Partido Popular. Es momento de demostrarlo.