TW
0

En países de trayectoria y conductas democráticas más arraigadas que en el nuestro, los ciudadanos desconocen los nombres de los magistrados que presiden los tribunales. Los jueces hablan a través de sus sentencias pero, en general, en la vida pública su rasgo principal es una discreción cercana al silencio. España sigue siendo diferente. Aquí vivimos tiempos plagados de sobresaltos y en la vida pública abundan los casos de corrupción relacionados con la política. Corrupción y corruptos que en algún caso encontraron sostén en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez que no dudó en aliarse con quienes habiendo protagonizado un golpe de Estado de Cataluña le exigieron cambiar el Código Penal para rebajar las penas por malversación. O facturar una ley de amnistía al precio de conseguir el apoyo parlamenario de otros protagonistas del golpe del ‘procés’. De aquellos días conviene no olvidar la campaña de descrédito orquestada por los partidos separatistas contra Manuel Marchena, un magistrado ejemplar que con firmeza juzgó y sentenció a los sublevados. En esta hora en la que cumplido su mandato como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo da un paso al lado –‘apaga la luz’, según su irónico decir– parece de justicia reconocer su tarea. Criticada por aquellos a quienes en cumplimiento de la ley sentó en el banquillo y también por la globo esfera mediática que al servicio del sanchismo lleva tiempo sacrificando la lealtad a los hechos y tratando de imponer un ‘relato’ alternativo. Afortunadamente no solo hay jueces en España sino que los hechos demuestran que son mayoría quienes sometidos únicamente al imperio de la ley honran su compromiso con la Constitución actuando con responsabilidad e independencia.