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L as medidas que se van adoptando en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía en relación con el financiamiento de las universidades públicas, forman parte de una estrategia calculada de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. El hecho se aviene con otra pieza de caza mayor para los conservadores: la sanidad pública. Educación y sanidad públicas se han visto mermadas en las opciones presupuestarias de aquellos mandatarios regionales. La pírrica asignación económica, por ejemplo, a las universidades públicas madrileñas es muestra ilustrativa. En paralelo, se apuesta por las mal llamadas ‘universidades privadas’ que, en muchos casos, son entidades que no llegan al nivel de una academia de repaso, con pésimas infraestructuras y con plantillas devaluadas, pero que ofrecen salidas a los estudiantes que no alcanzan las medias necesarias para ingresar en las universidades públicas, a cambio del pago de matrículas cuantiosas.

Las universidades públicas y los centros de investigación públicos en España constituyen la parte del león de la investigación en nuestro país, con todos los defectos que se quieran. De esas instituciones surgen investigaciones básicas y aplicadas en todos los campos del conocimiento, cuya transferencia al sector privado enriquece la competitividad y la productividad. Hace pocos meses, la plataforma Webometrics (https://www.webometrics.info/en/GoogleScholar/Spain) publicó un ranking, elaborado a partir de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de los diez mil investigadores españoles más importantes. Más del 70 % proceden de universidades y centros públicos de investigación, incluyendo las investigaciones biomédicas realizadas en hospitales públicos. Los investigadores y docentes universitarios trabajan en muchas ocasiones con precariedad presupuestaria, y sus resultados, publicados en revistas de impacto en diferentes campos de la ciencia, acreditan su tesón y esfuerzo. No vemos universidades privadas españolas, por ejemplo, en el ranking de Shangai, y sí universidades públicas españolas entre las mil mejores del mundo, sobre un universo analizado de 20.000. Entre esas mil, la UIB. A su vez, muchos grupos competitivos de investigación en entidades públicas buscan y obtienen financiación complementaria en proyectos competitivos, de carácter nacional e internacional. El acceso a las posiciones académicas, a pesar de múltiples acusaciones de endogamia –que nadie niega, pero que no son el modus operandi generalizado–, se resuelven por oposiciones y procesos de acreditación en la ANECA, en convocatorias abiertas y con informaciones simétricas.

Este acervo de conocimiento es lo que no puede ignorarse. Las universidades públicas, además, ostentan otros círculos virtuosos: constituyen un ejemplo de ascensor social, de posibilidad tangible para que hijos e hijas de las clases menos favorecidas puedan acceder a la enseñanza superior, conseguir una formación adecuada y poder obtener empleos mejores. Esto infiere otro elemento crucial: el acceso a la cultura. Una formación integral, contra esa soflama terrible de «¡Muera la inteligencia!».