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Algunas zonas de Palma se han llenado de caravanas y autocaravanas. Las personas que viven en estos vehículos no pueden pagar los alquileres y han buscado una alternativa económica para no dormir en la calle. Donde antes había media docena de caravanas ahora se dan cita un centenar. Para cumplir con la normativa de tráfico deben mover sus vehículos cada diez días. Así evitan las multas. Algunos llevan varios años viviendo en estas caravanas porque con lo que ganan les resulta imposible ni siquiera alquilar una simple habitación en un piso compartido.

A pesar del drama humano que supone no poder vivir ni en un cuarto, el Ayuntamiento de Palma ha amenazado con imponer multas de hasta 1.500 euros a todos aquellos que duerman en caravanas y autocaravanas. Esta propuesta se aprobará previsiblemente en el pleno municipal de diciembre y el gobierno municipal no tiene previsto flexibilizar la norma. Las declaraciones que hizo el alcalde de Palma, Jaime Martínez, pasarán a la historia como una de las más desafortunadas que recuerdo en muchos años. «En Palma se vive en viviendas», dijo. Si realmente Martínez cree que la gente que vive en una caravanas lo hace por gusto ha perdido mucho contacto con la realidad. Y ese es el peor pecado que puede tener un político.

El problema de la vivienda no es reciente, ni en Palma ni en otras ciudades de Balears. La crisis comenzó hace una década pero no se han adoptado medidas que solucionen el problema. Lo razonable y lo más rápido sería crear espacios para poder estacionar estas caravanas, como ocurre en casi toda Europa, y dotar de servicios básicos para estas personas que no pueden encontrar un piso, pero nadie ha hecho nada. Ni la izquierda en ocho años ni el PP esta legislatura. No han sabido detectar el problema ni tampoco solventarlo.

Pedir políticos capaces y competentes es realmente una utopía, pero al menos deberían mostrar una cierta humanidad. Y un poco más de empatía con aquellos que viven en apenas seis metros cuadrados todos los días del año.