Para el alcalde de Palma, no existen las medias tintas. Es o todo blanco, o todo negro. Juega en un tablero de ajedrez contra la ciudadanía y contra todo lo que significa Palma, como lo demuestra la ordenanza de persecución que ha ideado y que ya ha aprobado. Va en contra de los niños y las niñas que juegan en la calle, a quienes requisará el balón. Nos obliga a denunciar los incumplimientos de las ordenanzas de los que seamos testigos y censura y prohíbe hacer fotos de grafitis. Se penaliza la participación ciudadana y el inmenso trabajo de dinamización que hacen las entidades vecinales y sociales. Y aún hay más: persigue a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda.
Palma se ha convertido en la ciudad más cara para vivir. Ésta es la realidad, por mucho que el alcalde la intente esconder. Esta verdad supone un gran problema para la ciudad, pero, sobre todo, para las personas. La ordenanza de persecución pone el foco en los que tienen dificultades para acceder a una vivienda, aquellos que no pueden hacer otra cosa que construir su hogar en una caravana. Desde familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad hasta personas con empleo estable que no pueden hacer frente a los precios desorbitados de los alquileres.
¿La respuesta del alcalde? Perseguirlos. Sancionarlos. Echarlos. En ningún caso ayudarlos, como no ayuda al resto de la ciudadanía, que ya sólo puede optar a alquilar una habitación porque conseguir un piso ya es una utopía. Hoy, en Palma, se están anunciando alquileres de ocho habitaciones en un piso por 800 euros al mes cada una en barrios como Son Canals, o 500 euros en la Plaza de Toros, o 700 euros en Son Cotoner, o 600 euros en el Rafal o Pere Garau. En muchos casos, no se aceptan menores. ¿Qué hacen las familias con hijos? ¿Y las personas que se han separado y tienen hijos a su cargo?
Es un problema de primera magnitud al que no se está dando ninguna solución. Lo único que le preocupa al alcalde es su ordenanza, una norma que ha hecho sin escuchar a nadie. Sin diálogo. Es un jaque a la convivencia. Estar al frente de una ciudad como Palma sin tener en cuenta a la gente que vive en ella, a las entidades sociales, a las asociaciones de vecinos o al resto de partidos políticos, es una mala forma de gobernar.
Para el alcalde y el Partido Popular, ésta es la forma de tratar Palma. Los resultados nunca han sido buenos: la ordenanza Cívica aprobada por el alcalde Isern, del PP, en el 2012 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en el 2014. El texto aprobado en 2018 por el gobierno progresista, en cambio, contó con el acuerdo de partidos, asociaciones y entidades. Los socialistas tenemos otra forma de entender la política, centrada en las necesidades reales de la ciudadanía.
Por eso insistimos en que la ordenanza aprobada no es buena para Palma, va a provocar más problemas y no ofrece soluciones. Como dijo el ajedrecista Savielly Tartakower, «nadie ha ganado una partida abandonando». Nosotros seguiremos luchando.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.