Derecho a una vivienda adecuada

Es el artículo 47 de la Constitución, cuya interpretación solo precisa de una mínima comprensión lectora. Derecho que para poner en acto se precisa de la voluntad política de los gobernantes. Por lo que la responsabilidad de la actual situación es atribuible a quienes han tenido, desde 1978 las competencias al respecto.

No pudiendo escapársele a nadie que disfrutar de una vivienda adecuada (que implica asequible) es además de cobijo ante la intemperie, garantía de una libertad e intimidad que afianzan la dignidad personal y familiar. Además de contribuir al bienestar a que todos tenemos legítimo derecho.

Lo que, sin embargo, en modo alguno puede darse a entender que el Estado deba regalarle la vivienda a quien no la posee, ni que alguien pueda okupársela a quien la posee. Dar solución habitacional a quien no la tiene corresponde al Estado, que no por capricho se califica de bienestar. No a los ciudadanos individualmente en determinada situación. Son obviedades, aunque a menudo conviene reiterarlas.

Lo que deben procurar eficientemente los poderes públicos es hacer posible que todos los españoles y residentes puedan disfrutar de una vivienda adecuada a su forma y nivel de vida, legislando para que a nadie se le pueda impedir tener un habitáculo. Una medida como la prohibición de las caravanas en nuestra ciudad yo la hubiera votado en contra. La veo contraria al espíritu constitucional. Porque no se puede solo prohibir cuando la Constitución ordena hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada.

El derecho a la vivienda es un desafío cuya implementación efectiva requiere un compromiso sostenido y una acción coordinada de los gobiernos, organizaciones y comunidades. Pues, solo a través de una actitud proactiva y una actuación público-privada se podrá cerrar este expediente.

El déficit de viviendas para residentes en nuestra comunidad es alarmante. Hacen falta en Baleares más de 15.000 viviendas, según el Banco de España. Se crean más familias que viviendas. Siendo incumbencia de las administraciones públicas competentes en la materia cumplir la Constitución, que hasta ahora, obviamente, no han cumplido adecuadamente.