Ángeles Arroyo regentaba un modesto negocio en la barriada de Cala Major.

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El juez Enrique Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, levantó la pasada semana el precinto de la finca de Llucmajor, donde se sospechaba que estaba enterrado el cadáver de Àngeles Arroyo, la vecina de Cala Major que desapareció en noviembre de 1996 tras mantener una discusión con un vecino. La finca, de doce mil metros cuadrados de superficie, pertenece a Antonio S., un vecino de Llucmajor, que pasó más de un mes ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio. Esta acusación se presentó sin que hubiera aparecido el cadáver.

La finca fue sometida a una amplia inspección policial, porque había fundadas sospechas de que el hombre podría haber enterrado allí a la mujer, con la que mantuvo una discusión antes de que ella desapareciera. El terreno fue excavado varias veces por la policía. Desde que el sospechoso saliera de prisión el juez le prohibió acercarse a esta finca. La policía pidió ayuda al Ejército para que le facilitara medios técnicos, en concreto excavadoras, para poder realizar una inspección más profunda en el terreno. Sin embargo, el Ministerio de Defensa se negó a participar en esta investigación.

Con esta decisión de levantar el precinto de la finca se prevé que en breve el juez pueda archivar la causa penal que se abrió por la desaparición de Àngeles Arroyo.