La compañía de seguros que representa al dueño de «Copi», el perro
que el pasado mes de febrero mató a un niño de cuatro años de edad
en Can Picafort, ha realizado una oferta económica a los padres del
fallecido. La aseguradora ofrece la cantidad de trece millones de
pesetas. La compañía entiende que la cantidad económica que debe
recibir la familia debe ser igual como si se tratara de un
accidente de tráfico, y por tanto el juez que estudie el caso debe
aplicar la tabla que se utiliza para determinar las indemnizaciones
económicas en los pleitos de tráfico.
Esta propuesta económica se presentará a los abogados de la
familia antes de que se celebre el juicio contra Alfredo Cordero,
el dueño del animal, que está acusado de un delito de homicidio
imprudente. El juicio, que presidirá el magistrado Carlos
Izquierdo, se celebrará el próximo mes de noviembre en Inca.
Fuentes judiciales próximas al caso señalaron que es poco
probable que la familia acepte la cantidad económica que le ofrece
la compañía de seguro. Los abogados entienden que se trata de un
caso especial y no se pueden aplicar las tablas de tráfico, porque
supuso la muerte de un niño de cuatro años indefenso, que falleció
al ser atacado por un animal agresivo mientras estaba jugando en el
patio de su casa en Can Picafort.
La fiscal Yolanda Domínguez solicita un año de cárcel contra
Alfredo Cordero, porque entiende que cometió una imprudencia por no
evitar que el perro saliera de su casa y andara suelto por la zona
de Can Picafort, sobre todo teniendo en cuenta que meses antes el
can ya había atacado a dos menores en el colegio público. La
Fiscalía pidió que el acusado presentara una provisión de fondos de
25 millones de pesetas, cantidad suficiente para cubrir la
responsabilidad civil en el caso de que le condenara por su
responsabilidad en la muerte del pequeño Francisco Miguel Hiralgo.
Los 25 millones de pesetas es la cantidad máxima que cubre el
seguro que suscribió Alfredo Cordero.
Los padres del pequeño se han mostrado mucho más contundentes
contra el acusado, y solicitan una condena mucho más elevada que la
que reclama el fiscal.
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