J.FRANCISCO MESTRE19/09/00 0:00
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El próximo día 10 de enero se aplicará en todo el país la nueva ley del menor que supone, básicamente, aumentar la edad penal de los 16 hasta los 18 años de edad e incluso, en casos concretos, hasta los 21 años. En la Fiscalía de Palma existe en estos momentos una gran preocupación porque, a sólo cuatro meses de la entrada en vigor de la ley, no existen medios para desarrollarla, puesto que el objetivo principal de esta nueva norma es aplicar medidas educativas a los menores que cometen un delito.

Hasta la fecha no se aplicaba el Código Penal hasta una vez cumplidos los 16 años de edad. Los delitos que cometían los niños de 12 a 16 años los sancionaba el juez de menores. La nueva ley, además de aumentar la edad penal, establece también una gran novedad. A partir de ahora será el fiscal el encargado de investigar e instruir el delito que comete el menor, función que hasta la fecha correspondía al juez. El fiscal se encargará de tomar declaración al sospechoso, solicitará las pruebas que entienda necesarias y, una vez que considere que existen elementos para acusar, planteará el caso el juez, que tendrá la decisión de sancionar, dependiendo de la gravedad del delito que se comete. Precisamente la ley establece nuevas medidas de sanción para los jóvenes delincuentes, que ya no incluye el ingreso en prisión. Estas medidas introducen ingresos en centros especializados, sanciones económicas o trabajos para la comunidad, entre otras cosas.

Mercedes Carrascón, fiscal coordinadora del área de menores, explicó que en estos momentos la Fiscalía de Balears no tiene medios materiales para asumir esta nueva función. Será necesario disponer de una plantilla de funcionarios y de personal especializado, como puede ser un médico forense, para garantizar los derechos que asisten al menor. Estos medios ya se han solicitado al Ministerio, pero hasta la fecha no los ha otorgado. «La intención de esta nueva ley es positiva, puesto que hace años que se solicitaba que el Código Penal se aplicara a partir de los 18 años», señaló Carrascón, quien insistió en que «si no existen medios materiales para adoptar las medidas que se plantean, la ley fracasará».