Santiago López Valdivielso fundamentó el cambio en 'un ambicioso
proyecto que permitiría al Cuerpo contar con ocho mil agentes más
que podrían dedicarse a servicios en las calles'. Según López
Valdivielso esto sería efectivo a partir del año 2004. El máximo
responsable del Instituto Armado se mostró partidario de que 3.000
de los 8.000 efectivos procedan de «la sustitución de puestos de
seguridad estática por medios técnicos y vigilancia privada». «En
un momento en el que se solapan restricciones de personal y las
nuevas demandas de seguridad, constituye un derroche mantener
guardias civiles en funciones que ni requieren el grado de
formación que tienen, ni exigen la condición de agentes de la
autoridad que legalmente ostentan y por tanto no justifican el
coste económico que suponen», explicó. En este sentido puso como
ejemplo la supervisión de los sistemas de seguridad pasiva, que no
requieren contacto con el ciudadano, y la protección de edificios
que en su opinión «resultan muy poco críticos desde el punto de
vista del riesgo para la seguridad».
Al respecto, Santiago López Valdivielso anunció que la Guardia
Civil se plantea la posibilidad de retirar de los centros
penitenciarios a los 4.000 guardias civiles que «se limitan en
condiciones de normalidad a la seguridad perimetral o a observar
los monitores de televisión».
Tanto desde estos puntos, como desde las torres de vigilancia,
«su única capacidad de reacción es apretar un botón de alarma ante
una sospecha de fuga», apuntó López Valdivielso acerca de la
función que en la actualidad realiza la Guardia Civil en las
cárceles españolas.
Ante esta situación, el Instituto Armado estudia en estos
momentos «la posibilidad de que vigilantes privados puedan auxiliar
a la Guardia Civil en estas tareas, de forma similar a como se ha
hecho en los aeropuertos, sin que ello signifique que el Instituto
Armado deje de asumir su responsabilidad», concluyó.
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