Dos funcionarios del CNP de Palma, igual que en el resto del
Estado, tienen la obligación de custodiar hasta su país de orígen a
cada extranjero que es expulsado. El sistema, que especifica que
con cada expulsado tienen que viajar dos agentes, viene funcionando
desde hace meses y para ello se ha creado el Grupo operativo de
Incoaciones y Expulsiones, integrado dentro de la Brigada
Provincial de Documentación y Extranjería.
Precisamente la pasada semana dos policías del citado grupo
viajaron hasta Bucarest con un rumano detenido en Mallorca, y sobre
el que pesaba una orden de prohibición de entrar en el espacio de
Schengen. Junto a este rumano, Gilberto G., de 23 años, se tenían
otros dos expedientes de expulsión para Erik K, nigeriano de 24
años, y Larisa M., rusa de 26. Con éstos se siguió otro
procedimiento. El mismo se basa en la posibilidad que contempla la
ley, de que los afectados estén en centros de internamiento y los
traslados se lleven a cabo con otros ciudadanos de sus misma
nacionalidades, aprovechándose un mismo viaje.
Desde hace unos días la Brigada de Extranjería y Documentación
de Palma tiene al frente al comisario Alfonso Jiménez, que proviene
de la comisaria de la Platja de Palma. Además de los servicios
citados, también se ha procedido al traslado al centro de
internamiento de Murcia de cinco rumanos que la semana pasada
fueron arrestados en Andratx por la Guardia Civil.
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