El alcalde de Alcúdia, Miquel Ferrer, comentaba ayer que los daños
causados por una semana de temporal en su municipio ascienden a
unos 3.000 millones de pesetas sólo en el dominio público, es
decir, en alumbrado público, pavimento de calles y aceras,
carreteras municipales, etc. A esta cifra, se añadirán los
destrozos que han afectado al ámbito estrictamente privado. En el
municipio vecino de Pollença, la primera tempestad, la del fin de
semana pasado, supuso pérdidas por valor de 850-900 millones de
pesetas. Los destrozos posteriores aún no han podido ser
cuantificados. Sólo en Can Picafort, los daños en la zona marítima
ascienden a 400 millones de pesetas.
Sóller hizo un primer balance de entre 400 y 500 millones de
pesetas y el pleno celebrado el pasado martes acordó remitir al
Senado una petición de declaración de zona catastrófica adjuntando
los datos del desastre. Las inundaciones del pasado jueves en Can
Rojo han elevado la cuantía de la tragedia a unos mil millones. En
Fornalutx, el alcalde, Salvador Sastre, se congratuló de que los
daños no hayan sido de la magnitud de otros municipios pero señaló
que numerosos marges han caído y varias fincas han padecido daños
de diversa consideración.
La mayoría de los alcaldes de la Isla han dictado bandos
dirigidos a la población instándola a presentar escritos de
reclamación para poder ser damnificados. Los de Artà, Llucmajor y
Felanitx han sido algunos de los primeros en adoptar estas medidas
que en muchos casos van acompañados del anuncio de la habilitación
de oficinas especiales o ventanillas dirigidas expresamente a
atender a los vecinos cuyas propiedades han padecido daños durante
los estresantes últimos ocho días. La magnitud del temporal ha sido
de tal envergadura en algunos puntos de la Isla que las brigadas,
los técnicos y los políticos aún no han podido cuantificar los
daños ocasionados por las fuerzas de la naturaleza.
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