Las últimas declaraciones por el 'caso juego' aportan valiosos datos

Hasta el momento han prestado declaración ante la jueza Ana San José ocho agentes del Cuerpo Nacional de Policía y dos funcionarios de la Sección de Juego de la Conselleria lo han hecho en el Juzgado de Instrucción número 1, cuyo titular es Juan Manuel Sobrino. En el primer juzgado, el de Ana San José, se tramita la denuncia por amenazas y coacciones de Oliver contra Ismael Martín Gago, el empresario del juego, y Carlos Valencia, el detective que trabajó para él. En el otro juzgado, el de Sobrino, se instruye la causa contra José Oliver tras la denuncia presentada por el propietario de las máquinas recreativas.

El dato principal obtenido tras las últimas declaraciones es que Carlos Valencia estaba habilitado profesionalmente para realizar tareas de seguimiento y esta novedad, indirectamente, refuerza la posición del concejal José Manuel Sierra, que fue quien aconsejó a Martín Gago que contratara los servicios del detective. Valencia, el empresario y un trabajador del investigador fueron detenidos en mayo del año pasado por el Grupo de Delincuencia Económica, por supuesto seguimiento ilegal a Oliver, que denunció que se sentía amenazado y coaccionado. Los agentes registraron el despacho de Valencia, pero posteriormente la jueza Ana San José y el Ministerio Fiscal entendieron que la inspección había sido ilegal.

La Audiencia, por su parte, no entró a valorar este extremo y falló que se debía seguir con la instrucción del caso. En uno de los testimonios de un policía que ha declarado días pasados se recoge que la contravigilancia a Oliver tuvo una duración de dos días, y en la misma no se detectó ningún espionaje al funcionario del juego.