El propietario del edificio de la calle Botons, en Palma, cuya azotea fue derruida cuando en el inmueble vivían varios «okupas», se sentó en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de coacciones. La Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión. Sin embargo, el letrado Carlos Portalo, que representa a los «okupas», imputa al acusado siete delitos de coacciones y solicita, además de 35 millones de indemnización, catorce años de prisión. La abogada defensora María José Martín pide la absolución.
El acusado de echar a unos «okupas» a la fuerza dice que en el edificio no vivía nadie
El empresario juzgado por coacciones dice que ordenó las obras porque el inmueble amenazaba con caerse
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