Muchos de los «okupas» están citados como testigos a este juicio. Foto: J.F.M.

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El propietario del edificio de la calle Botons, en Palma, cuya azotea fue derruida cuando en el inmueble vivían varios «okupas», se sentó en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de coacciones. La Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión. Sin embargo, el letrado Carlos Portalo, que representa a los «okupas», imputa al acusado siete delitos de coacciones y solicita, además de 35 millones de indemnización, catorce años de prisión. La abogada defensora María José Martín pide la absolución.

Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre de 1999. El acusado, Fernando P.B., administrador único de la empresa Building Calatrava, que se dedica a la construcción y rehabilitación de edificios, reconoció que era propietario de todos los pisos de este inmueble. En el mes de julio solicitó al Ajuntament de Palma una licencia de obra menor para retirar las cornisas y las tejas del edificio señalado en el número 10 de la calle Botons. Estas obras las contrató con una empresa, cuyos operarios, no sólo quitaron las tejas, sino que dejaron los pisos superiores totalmente al descubierto, además de demoler un muro colindante al edificio contiguo. Estas obras, que fueron paralizadas por la Policía Local, provocaron que la estructura del edificio quedara afectada. Ante la posibilidad de que se produjera un derrumbe los técnicos municipales ordenaron el inmediato desalojo, de tal como forma que los «okupas» tuvieron que abandonar estos pisos.

El empresario, en su declaración, contestó con un tono muy duro al abogado de la acusación particular. Fernando P.B. sostuvo que se había producido una confusión entre los edificios, y explicó que el que estaba ocupado por estas personas era el del número 8, pero que las obras se realizaron en el número 10 «donde me aseguré de que no vivía nadie».