El juicio contra el empresario acusado de sacar a la fuerza a un
grupo de «okupas» de un edificio de la calle Botons, en Palma,
continuó ayer. La juez tomó declaración a varios bomberos que
comprobaron los daños tras las obras que se realizaron en el
edificio. Los testigos confirmaron que fueron ellos los que
aconsejaron a las personas que vivían en este inmueble que
desalojaran las viviendas, puesto que los obreros habían tirado
varias paredes y existía el peligro del derrumbe.
Esta orden de desalojo fue ratificada al día siguiente por un
técnico, que consideró que existían daños estructurales. Esta
declaración la utilizará el abogado de la acusación particular, que
entendiendo que las obras que ordenó el empresario puso en peligro
la integridad de las personas que vivían como «okupas» en este
inmueble.
Por otra parte, una celadora municipal, que inspeccionó el
edificio, confirmó que las personas vivían en el número 10, y no en
el inmueble del número 8 como declaró el empresario acusado. Esta
funcionaria confirmó que la empresa había solicitado una licencia
para realizar una obra menor, que se reducía a retirar elementos en
mal estado. A juicio de esta celadora, las obras que se estaban
practicando se excedían de la licencia. El juicio, tras cuatro
jornadas, terminará hoy con la exposición de las conclusiones.
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