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E.PRESS-MADRID La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer trasladar al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, la actuación de los tres magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que se estudie si cometieron delito al conceder la libertad bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, que aprovechó la circunstancia para fugarse.

Según informó en rueda de prensa el portavoz del Consejo, Enrique López, la Comisión Permanente también decidió remitir el caso a la Comisión Disciplinaria del propio CGPJ, «para que ésta, en su caso, acuerde la iniciación de expediente disciplinario para depurar las eventuales responsabilidades disciplinarias en que pudieran haber incurrido los magistrados firmantes de la resolución».

El acuerdo incluye la petición al fiscal de que investigue si también puede haber indicios de delito en «terceros intervinientes en los hechos», en alusión, según fuentes del Consejo, al psiquiatra de la cárcel madrileña de Valdemoro que redactó el informe que apreció un trastorno con tendencias suicidas de Ruiz Santamaría, en el que los jueces basaron la medida de excarcelación.

Asimismo, la Comisión destaca que adopta los acuerdos citados «sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que puedan ser exigidas por los colegios profesionales o administraciones públicas a los colegiados o funcionarios de ellos dependientes». Nuevamente, se refiere al psiquiatra de Valdemoro o a otros funcionarios que puedan estar relacionados con los hechos.

López afirmó que los acuerdos adoptados no significan que la Comisión Permanente haya apreciado indicios de delito en la actuación de los tres magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, éste último ex presidente de la Audiencia de Palma, ya que no corresponde al Consejo ese «juicio indiciario». El traslado al fiscal se basa en la trascendencia y gravedad de los hechos estudiados.