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La Fiscalía presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los tres jueces que decidieron poner en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz, quien huyó, mientras que el Consejo del Poder Judicial recabará el testimonio de éstos antes de decidir si los expedienta. La querella está dirigida contra el presidente y los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carlos Cezón González, Juan José López Ortega (que fue presidente de la Audiencia Provincial de Palma) y Carlos Ollero, quienes tras conocer la decisión pidieron «respeto» para el Tribunal. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, aseguró que los tres jueces podrían ser inhabilitados una vez que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admita a trámite esta acusación.

En concreto, la Fiscalía General del Estado pide al Supremo que investigue si los tres jueces dictaron esta resolución a sabiendas de que era injusta y advierte que la acusación se extendería «a otra u otras personas que, en el curso de la instrucción, resultaran presuntos partícipes en el delito» objeto de la misma u «otros que pudieran determinarse». El fiscal solicita a la Sala Segunda del Supremo que acuerde la libertad provisional de los magistrados con la obligación de comparecer siempre que fueran llamados y, en todo caso, los días 1 y 15 de cada mes.

Pide además que se acredite la fecha y hora de la puesta en libertad de Ruiz Santamaría, ya que, explica, el mismo día que la sección acordó su puesta en libertad se remitió al Juzgado de Valdemoro un exhorto firmado por el presidente y el secretario «interesando la notificación del auto de libertad provisional y el libramiento de mandamiento de libertad pese a que no se había prestado la fianza exigida». En el texto de la querella, firmada por el teniente fiscal José María Luzón, se afirma que la fuga de 'El Negro' tras su puesta en libertad bajo fianza de cinco millones era «previsible y lógicamente esperada».

Entretanto, el Consejo General del Poder Judicial acordó recabar el testimonio de los tres magistrados, por escrito o personalmente, antes de decidir si les abre o no expediente disciplinario el próximo día 17. La Comisión Disciplinaria decidió durante la reunión de hoy «continuar la tramitación de las diligencias informativas para completar dichas actuaciones con las de investigación oportunas, fundamentalmente la de recabar informe de los magistrados afectados». Si el Consejo decidiera abrir expediente disciplinario contra los tres jueces las sanciones podrían consistir desde la advertencia, la más leve, hasta la separación de la carrera judicial, la más grave.

Mientras, el Consejo sólo podría acordar la suspensión cautelar de los jueces si el Supremo así se lo insta, cuando admita a trámite la querella, abra juicio oral contra los jueces o dicte su procesamiento. Respecto a la celebración del juicio por el desembarco de droga por el que iba a ser juzgado el presunto narcotraficante fugado, que está previsto para el próximo lunes, los magistrados dijeron que «no sabemos nada sobre lo que vamos a hacer».