Solicitan al juez que se archive el 'caso Juego' por falta de pruebas inculpatorias

En junio de 2000, un mes después de que fueran arrestados Ismael Martín Gago, el investigador privado Carlos Valencia y un empleado de éste, ya se solicitó que la causa fuera archivada, pero la autoridad judicial consideró que era prematuro porque todavía no se habían instruido todas las diligencias. Ahora, casi dos años después, la defensa del empresario del juego sostiene que no existen indicios ni pruebas para continuar con el proceso, por lo que solicitan el archivo del caso.

Por otra parte, hace algunos días prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vía Alemania Lorenzo Morey, que hasta el mes de julio de 1999 era secretario general técnico de la Conselleria d'Hisenda y, por tanto, jefe de José Oliver, el funcionario que denunció a Ismael Martín y que, a su vez, fue denunciado por trato supuestamente discriminatorio. En su versión ante el magistrado, declaró que unos días antes de recibirse en la conselleria unos sobres de Uninova (la empresa de Martín Gago) se había publicado un decreto de contingentación que ordenaba la regulación del juego en Balers.

Morey añadió que la solicitud se presentó en Marratxí y como se referían a un gran número de máquinas «se miró con detenimiento el tema». El declarante manifestó que no había ninguna otra empresa del juego que hubieran presentado solicitudes en estas circunstancias y refirió que había hablado con la policía «sobre todas las empresas para las que se habían incoado expediente sancionatorio». Morey recordó que eran «cinco o seis empresas que siempre eran las mismas» y que eran susceptibles de ser sancionadas, tanto en materia fiscal como administrativa.

El ex responsable de la sección de Juego negó que hubiera marginado o discriminado en el trato a Ismael Martín Gago, al que no le concedieron la licencia sobre numerosas máquinas y que, según él, esa circunstancia le ha supuesto un perjuicio económico que ronda los 5.000.000 de pesetas.