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Funcionarios de la UCRIF, de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, procedieron días pasados a la desarticulación de un grupo organizado integrado por cinco colombianos, un ecuatoriano y un español que se dedicaban presuntamente a la falsificación de documentos, inmigración ilegal, fraude a la Seguridad Social y otro contra el derecho de los trabajadores. En la operación policial han sido detenidos el ecuatoriano Carlos Efraín M.S., de 34 años, el español Ramón V.G., de 38, ambos considerados los responsables o 'cabecillas' del grupo desarticulado, así como John P.V., de 26 años, Juan O.P., de 30, Edwin G.R., de 25, César B.H., de 23, Víctor Augusto E.C., de 35 y José T.C., de 30, que han sido puestos a disposición judicial.

Las investigaciones policiales, que se remontan a principios del verano pasado, detectaron que un grupo de sudamericanos en su mayoría se dedicaban a la adquisición o préstamo de documentos de identidad a drogadictos, abonándoles por ello la cantidad de unas 5.000 pesetas. Posteriormente manipulaban los documentos de identidad, insertando la fotografía de un extranjero en situación ilegal en España y después era fotocopiado en color dando la apariencia de autenticidad. Los ciudadanos extranjeros eran captados en varios establecimientos públicos de la Platja de Palma y Polígon de Llevante, donde se les facilitaba una serie de documentos falsificados para poder trabajar en empresas de Mallorca mediante el pago de 40.000 pesetas, así como otras 20.000 pesetas por el alquiler del documento con la promesa fraudulenta de una posterior legalización previo pago de otras 25.000 pesetas.

Una vez que los ciudadanos extranjeros obtenían los documentos falsos, los responsables de la organización 'colocaban' a estos emigrantes ilegales en empresas de la construcción siendo dados de alta en la Seguridad Social como si se tratara de trabajadores españoles sin serlo y sin que el organismo oficial detectara el fraude. Registrados los domicilios de los principales responsables, los agentes intervinieron numerosos documentos de identidad, cartas de trabajo y permisos de residencia falsificados, así como otros documentos legales que habían sido sustraídos tanto en Palma como en Alicante y que estaban preparados para ser manipulados. La UCRIF sigue las investigaciones, pues el caso no está cerrado todavía.